Durante el pasado fin de semana, las reverdecidas fuerzas paramilitares de Colombia, el arma más poderosa del narcotráfico y la extrema derecha, pararon casi medio país mediante el terror, demostraron ser más poderosas que las FARC y reiteraron que quieren ser reconocidas políticamente.
A lo largo de los pasados jueves, viernes y una parte del sábado, las calles estuvieron muertas; las ventanas de las casas, tapadas, y las puerta cerradas en innumerables comercios de pueblos y ciudades de los departamentos de Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, la Guajira y Sucre, entre otros. Las fuerzas militares y de Policía fueron extrañamente incapaces de impedir el paro armado, ordenado por el Clan Úsuga, la organización criminal más grande de Colombia de todos los tiempos.
Le damos cinco minutos para que cierre o les volamos la cabeza a usted y a toda su familia, le indicó en voz baja y con algo de cortesía un sicario de unos 20 años de edad al dueño de una papelería de garaje con gran afluencia de público, en la ciudad de Santa Marta, donde la clientela se agolpaba para tomar fotocopias.
Cinco policías que, en cumplimiento del deber, se atrevieron a ofrecerle su protección al comercio para que mantuviera las puertas abiertas, fueron asesinados sin miramientos. El Clan Úsuga ya había advertido que en esos casos respondería con su temible plan pistola, consistente en mandar sicarios a asesinar a todo aquel que cuestione o se oponga a los designios del Clan.
El Clan Úsuga es la suma de casi todos los ejércitos paramilitares de Colombia y responde a las órdenes de Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, aterrador y misterioso criminal, de 46 años de edad, del que solamente se conoce una borrosa fotografía para pasaporte en la que su mirada está perdida, lleva el pelo un poco al rape y bigote disperso y descuidado. Es el Chapo Guzmán colombiano, solamente que su poder militar y su riqueza son mayores que las del mexicano. La clave de su vida delictiva han sido el sigilo absoluto (nunca usa celular ni duerme dos veces en el mismo sitio) y su capacidad para sembrar el terror. En menos de una década se apropió de casi todo el paramilitarismo en Colombia, gracias, en parte, a que le causaba pánico a los jefes de todas las demás bandas armadas criminales que absorbió para formar su actual ejército de más de diez mil hombres.
Otoniel creció a la sombra de su jefe, el poderoso narcotraficante alias Don Mario, quien fue extraditado a Estados Unidos. Para mostrar que ya no dependía de él, en diciembre de 2014, ordenó que le asesinaran en una sola masacre a dos hombres, tres mujeres y dos niñas parientes suyos, en Amalfi, departamento de Antioquia. Los forenses que levantaron los cadáveres y examinaron la escena del crimen, encontraron cien casquillos de balas de fusil AK-47.
El Loco Barrera, uno de los narcotraficantes y paramilitares más poderosos y temibles de Colombia, hoy preso, se refirió así a Otoniel, en 2012, en el transcurso de una diligencia judicial: Ese hombre es un animal, es un peligro completo. Es peligrosísimo. Él mata por matar, a niños, al que sea, no le importa.
La fuerza paramilitar de Otoniel opera, por lo menos, en 19 de los 32 departamentos de Colombia: Sucre, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Quindío, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Meta, San Andrés y Providencia, Casanare, Antioquia (regiones del Urabá y del Bajo Cauca), Santander, Cundinamarca, Norte de Santander, Cesar, Boyacá y Tolima.
En todas estas zonas del país pararon actividades comerciales y ciudadanas durante dos días y medio de la semana pasada por orden de Los Úsuga. Esta inesperada demostración de fuerza, poder y disciplina le mostró al Presidente Juan Manuel Santos que la paz que cree estar próximo a sellar con las FARC constituiría un éxito menor y debería entrar a negociar también, de igual a igual, con Otoniel.
La Policía Nacional que, en alianza y bajo la dirección de la DEA estadounidense, en los años 90 desmanteló los carteles más grandes del mundo, hoy argumenta que la organización del Clan Úsuga es complejísima de comprender y a ello se debe el poco éxito de la lucha en su contra. En contraste, las poblaciones que sufren la presencia diaria de los ejércitos de Otoniel sí saben perfectamente cómo funciona, lo que incluye alianzas con la Policía y otras fuerzas estatales como el Ejército y la Marina de Guerra. En asuntos de narcotráfico en algunas partes del país tiene tratos con las FARC para adquirir y transportar cargamentos de cocaína.
En respuesta al inocultable paro armado de la semana pasada, el Presidente Santos mostró que sabía un poco más del Clan Úsuga que la propia Policía Nacional al declarar lo siguiente:
«Hoy vimos un comunicado en el que reiteran que son una organización con dominio territorial, unidad de mando y hacen operaciones militares continuas a lo largo del tiempo, eso es un discurso para tener reconocimiento político».
No obstante, el presidente respondió con una promesa que, a la larga, es posible que no pueda cumplir: El Clan Úsuga es una banda criminal narcotraficante y no se le va a dar ningún tipo de tratamiento político.
Entre los aliados del Clan Úsuga están las demás organizaciones de sicarios de Colombia, tales como Los paisas, Los Rastrojos y la poderosa multinacional del crimen conocida como Oficina de Envigado. En el plano internacional, tiene alianzas con las bandas criminales de Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil. Pero la más robusta de todas es con los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, a los que no solamente suministran toneladas de cocaína sino que los asesora, les alquila sicarios y les provee entrenamiento político y militar.
Los ingresos del Clan Úsuga provienen del narcotráfico, la minería ilegal, el asesinato por contrato, la extorsión y servicios de seguridad que presta al narcotráfico de Brasil y Perú en la llamada trifrontera con Colombia. También cobra un impuesto revolucionario en la zonas donde opera, del que no se escapan los más ricos ni los más paupérrimos.
El gobierno de Colombia ofrece US$ 1 millón y el de Estados Unidos US$ 5 millones por la cabeza de Otoniel, bolsa que no ha surtido el menor efecto. En cambio, el misterioso delincuente paga, peso sobre peso, cerca de US$ 600 por cada policía asesinado en las zonas del país donde no quiere presencia hostil de fuerzas del estado.
Existen versiones en el sentido de que Otoniel acogió una táctica que le funcionó por muchos años a Pablo Escobar: dejar cajas con grandes sumas de dinero en lugares en los que se sabe previamente que la Policía o el Ejército darán golpes en su búsqueda. Todos salen ganando.
Otoniel permanece en la región colombiana de Urabá, con acceso inmediato a los océanos Pacífico y Atlántico, así como a Panamá. Prefiere desplazarse a pie o a lomo de mula, envía sus mensajes por medio de emisarios de confianza para evitar el uso de celulares o de la Internet. No obstante, posee una flota de helicópteros que, de vez en cuando, lo transportan a otras zonas del país y en tales casos los pilotos tienen prohibido verle el rostro. Las mismas naves son utilizadas para llevar hasta los escondites selváticos de Otoniel a otros mafiosos que manda llamar, a políticos, militares, empresarios, prostitutas y periodistas que trabajan para él.
El primer gran paro armado que ordenó imponer Otoniel fue en 2011. Detuvo por completo la vida ciudadana en tres departamentos del país (norte de Antioquia, Córdoba y Magdalena). Fue una demostración de fuerza para el entonces recién llegado presidente Juan Manuel Santos y con el paso de los años le ha demostrado que puede operar sin mayores obstáculos en cualquier parte del país.
El terror al poderío del Clan Úsuga es la razón principal del posible fracaso de los actuales diálogos de paz de La Habana. Nadie duda que eliminará a todos los guerrilleros que confiesen sus crímenes y se incorporen a la vida civil. Este es el tema central en la mesa de negociaciones y, de acuerdo con las FARC, el Gobierno no ha podido presentar un plan de seguridad creíble que garantice la vida de quienes dejen las armas.
Quedan solamente la posibilidad, hasta ahora inalcanzable, de derrotar con las armas del Estado al Clan o sentarlo, como a las FARC, en una mesa de negociaciones de paz para buscar su desarme y darle entrada triunfal a la vida civil como rebeldes con estatus político.
Una tercera vía puede ser que Estados Unidos lo cace, como a Pablo Escobar, caso en el cual otros grandes mafiosos colombianos se disputarán el puesto de Otoniel. Será asumido por el delincuente que resulte ganador y la organización tendrá transformaciones de acuerdo con los criterios y la capacidad de mando de la nueva jefatura.
Los poderes criminales en Colombia son colosales y no desaparecerán mientras las drogas y otras actividades ilícitas, sumada la corrupción estatal, sigan siendo fuentes de ingresos económicos de tamaños inverosímiles.
Todos los días pienso si en el difícil proceso de paz con las FARC (que respaldo), al Presidente Santos se le acabará el tiempo y se irá en agosto de 2018 sin haber logrado más que dejar alborotado el avispero de la vieja y feroz guerra colombiana. En tal caso, como dice el antiguo proverbio campesino para conjurar peligros, que mi Dios nos coja confesados.